POSICIONAMIENTO PÚBLICO SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE TIERRA Y TERRITORIOS
Nosotros las organizaciones campesinas e indígenas articuladas en La Vía Campesina, la Mesa Tierra y Territorio de Bienes Comunes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), manifestamos públicamente la preocupación por los altos niveles de criminalización, que venimos sufriendo desde más de una década, y donde hemos sido perseguidos(as), restringidos y en completo abandono por las políticas públicas del actual gobierno, al contrario el actual gobierno ha promovido decretos, leyes y reformas al código penal lesivas para ejercer nuestros derechos humanos como defensores-as de la tierra y el territorio.
A la comunidad Nacional e internacional comunicamos;
CONDENAMOS:
Que entre 2010 y 2021, 165 personas defensoras de la tierra y territorio fueron asesinadas y el 96% de estos casos están en total impunidad. De igual forma, 2,470 personas defensoras de la tierra y territorio han sido procesadas, 559 son mujeres, y 1911 son hombres, concentrándose en los departamentos de La Paz, Cortes, Choluteca, Valle, Colon, Yoro, Francisco Morazán, Santa Barbara, Comayagua y Atlántida.
RECHAZAMOS:
Las reformas realizadas al código penal en fecha 07 de octubre, donde se reforma el artículo de usurpación, desplazamiento forzado, y la DEROGACIÓN del artículo 613, que amenaza con desalojos masivos a campesinos, campesinas y pueblos indígenas y de enviarlos a la cárcel por más de 9 años consecutivos.
ENFATIZAMOS:
Que estas medidas es aniquilar el movimiento campesino y reprimir toda lucha por la tierra, por la producción y la soberanía alimentaria del pueblo.
PREOCUPA:
El total y absolutamente el abandono del campo, donde no ha habido asistencia técnica y crediticia, donde los niveles de pobreza, hambre, desnutrición e inseguridad alimentaria, se aumenta aceleradamente, al grado que organismos internacionales como la FAO, CEPAL y sistema de Integración centro americano (SICA), calculan que más de tres millones 300 mil personas (3,300.00) al mes de septiembre del año 2021, estarán sufriendo inseguridad alimentaria y extrema pobreza y los más afectados son las comunidades rurales de nuestro país.
CONDENAMOS:
La presión que ejecuta LAS ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONOMICO (ZEDE), ORQUIDEA en el sur, Morazán en Choloma y LA PROSPERA en Roatán, por apoderarse de tierras y territorios en posesión de agricultores y campesinos en complicidad con el actual gobierno.
En ese sentido
DEMANDAMOS:
-
A las organizaciones campesinas e indígenas y el movimiento social y popular estar en estado de ALERTA, y rechazar la pretensión de desalojarnos de nuestras tierras, nuestros territorios y nuestros bienes naturales que solo a Los Hondureños nos pertenece.
- Al nuevo gobierno proponemos definir una política pública, en materia agrícola y forestal donde prevalezca, una justa distribución de la tierra, garantice la soberanía alimentaria, como el combate a la pobreza rural, y firme defensa a la soberanía nacional, la derogación inmediata de las ZEDE y una nueva legislación agraria donde los campesin@s, los agricultor@s, seamos actores principales.
- LIBERTAD para los compañeros defensores de Guapinol, así como los de la base campesina el “Buen Samaritano” y un juicio justo para Víctor Vásquez y José Santos Vigil.
ALERTA, ALERTA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO
NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN
Tegucigalpa, Honduras, 25 de OCTUBRE del 2021.
